El Registro de la Propiedad es un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia, cuya función es ofrecer al ciudadano toda la información referente a los bienes inmuebles.
En el Registro de la Propiedad se inscriben los actos que afectan a la propiedad o a los derechos reales sobre bienes inmuebles, ya sean éstos de titularidad pública o privada. Puede también inscribirse determinadas concesiones administrativas y bienes de dominio público.
El Registro de la Propiedad hace públicos los hechos, actos y derechos inscritos para quienes tengan legítimo interés en conocerlos y proporciona seguridad jurídica a los derechos inscritos, favorece la seguridad y agilidad del tráfico jurídico y ahorra constes de transacción.
Siendo obligatorio al formalizar una hipoteca (el derecho de hipoteca si exige su constitución en el Registro), no es obligatorio inscribir la propiedad de un inmueble en el Registro, aunque sí aconsejable. La Ley no obliga pero sí beneficia la inscripción; en caso de la venta de un inmueble a dos personas, se reconoce la propiedad al que la haya registrado.
Los Registros se ubican por circunscripción territorial. Cada Registro está a cargo de un Registrador, funcionario público por oposición, cuyas tasas a cobrar por los diferentes tipos de asientos están reguladas por el Estado aunque, sorprendente, los ingresos derivados de ello son íntegramente para el Registrador.
Los Registradores constituyen incomprensiblemente una reducida élite privilegiada del funcionariado. Indiscutible es la necesidad de un Registro público, muy discutible es que esa labor no la puedan realizar funcionarios de carrera y que los ingresos correspondientes no vayan a las arcas del Estado.
Los Registradores se aseguran unos altos ingresos (se estiman en no inferiores al millón de euros anuales) al trabajar sin competencia en su ámbito territorial. Y aún hay más. Los Registradores son los únicos funcionarios que pueden abandonar su puesto sin solicitar la excedencia y colocar un sustituto en su lugar en situación de interinidad repartiéndose los ingresos.
Mariano Rajoy es el titular del Registro de Santa Pola (Alicante) del que se ausentó para dedicarse a la política hace más de 30 años sin pedir la excedencia, colocando en su puesto a un amigo y compañero de estudios con el que reparte los beneficios del cargo sin ejercerlo en absoluto, lo que se estima le reporta unos ingresos de entre 500.000-800.000 euros al año.
Esos ingresos, Mariano Rajoy ni los desmiente, ni los declara. El Presidente conocido como Pinocho, porque miente más que habla, y Manostijeras por su afán recortador, resulta que cobra anualmente 149.000€ de su Partido (financiado por el Estado), 78.000€ como Presidente del Gobierno y otros cientos de miles de euros más por no trabajar de Registrador e incompatibles con el anterior sueldo. Para comprarse “los chuches” Rajoy redondea sus emolumentos con 863€/mes correspondientes a la dieta por alojamiento que da el Congreso a los diputados electos por Madrid, a los que su señoría no ha renunciado pese a vivir en La Moncloa. Éste es el que ha suprimido una paga a los funcionarios y, ¡ojo!, que lo siguiente van a ser las vacaciones.
Esto son mamandurrias y lo demás tonterías.
Los desahucios se producen a un ritmo escalofriante dejando en la calle a miles de personas, de familias, sin casa y con la deuda a cuestas. Algunos de estos desahuciados mueren a la intemperie y otros se suicidan. Gobierno, oposición y, por supuesto la Banca, se niegan a aceptar la dación en pago. Los señalados públicamente por el fenómeno escrache (activistas antidesahucios acuden al domicilio o local público en el que vive o se divierte el político de turno contrario a la dación y de paralizar los desahucios) denuncian y se quejan de la violencia ejercida contra ellos (si violencia es aguantar pitidos, gritos y abucheos ¿qué es echar a la gente de sus casas?)
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