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Como Sancho, después de los siglos, con la Iglesia seguimos topando. Parece mentira, pero recién inaugurado el año 2010, hay que recordar que desde la aprobación de la Constitución del año 1978, España es un estado laico y aconfesional, esto es, ninguna confesión ostentará la representación religiosa del estado ni este se guiará ni legislará en función de postulados religiosos, lo que de ninguna manera impide ni obstaculiza que cualquier ciudadano pueda practicar la fe que considere oportuna.

Esto viene a cuento por que este año, la Iglesia católica le va a costar al estado –nos va a costar-  español la abultada cifra de unos 6.000 millones de Euros, por todos los conceptos: cesión de centros escolares, pago a profesores de religión en centros concertados, IRPF, etc.). Y esto me parece escandaloso, en primer lugar, por lo mencionado al inicio: somos un estado laico y aconfesional, por tanto, las instituciones religiosas, deberían estar englobadas en el ámbito privado y ser financiadas por sus fieles, como cualquier otra asociación no religiosa. Y en segundo lugar me parece discriminatorio frente a otras confesiones que no reciben el mismo trato. Hay que recordar que la Iglesia tiene una casilla específica en la declaración de la Renta y que el Concordato entre España y El Vaticano lleva treinta años sin revisarse.

Y todo ello para que continuamente tengamos que soportar quejas airadas por parte del poder eclesial sobre cuestiones referentes a la financiación o a la educación religiosa, o claros intentos de presión e injerencia en la tarea legislativa de un Parlamento democráticamente elegido, en temas como el matrimonio homosexual o el aborto. Desde sus púlpitos tienen todo el derecho a manifestar sus opiniones y a marcar a sus fieles la doctrina a seguir, pero en ningún caso pueden interferir en la vida política ni someter a la sociedad civil a sus postulados. O verter opiniones que rozan lo delictivo, como las del Arzobispo de Granada, cuyo nombre no quiero mencionar, justificando los malos tratos y el abuso sobre mujeres que hayan abortado; además de equiparar esta práctica con el nazismo  – regimen , por cierto, junto con otros muchos fascistas y genocidas, en los que la Iglesia no ha dudado estar al lado-.

Por último, para seguir sangrando a las arcas públicas, en los presupuestos para 2010 se introdujo a última hora, la aprobación como declaración de bien de interés cultural la Jornada Mundial de la Juventud, que en el 2011 traerá a Benedicto XVI a Madrid, no como jefe del estado vaticano, sino como líder religioso, lo que implica que las empresas que financien el evento tendrán exenciones fiscales del, hasta el 80% y serán las administraciones públicas las que corran con los gastos de sanidad, seguridad, limpieza, etc…

“Sancho, con la Iglesia hemos topado”.

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